La señora Rosa Della Luna ya se cansó de las procesiones por las
farmacias para buscar las pastillas para la epilepsia, el método que aplica
actualmente es llamar a las 42 farmacias que tiene registradas en su agenda
telefónica, la letanía ya se la conoce de memoria y los boticarios ya la reconocen;
una caja le dura solo cinco días, pero si falla en su medicación sus ataques
convulsivos regresarían y pondría en riesgo significativo su integridad física.
En el mes
de enero se registró según el boletín mensual del Banco Central de Venezuela
(BCV) que la escasez general en Venezuela era de 28%, desde entonces no se
tiene una cifra oficial, para agosto se calcula extraoficialmente que es de un
35% a nivel general, pero según las declaraciones del presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela (FFV),
Freddy Ceballos en el sector salud, la cifra alcanza un 60% en la
capital y de un 70% en el interior del país.
A juicio del presidente de la FFV en sus declaraciones a Unión radio
expuso que “el único responsable es el Ejecutivo que centraliza la entrega de
divisas y no sabe gerenciar las importaciones. La realidad es que los
ciudadanos no pueden curarse de muchas patologías y se están perdiendo
vidas".
Derecho a vivir
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
firmada en París en 1948 en su artículo 3 reza “todo individuo tiene derecho a
la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”seguidamente
en su artículo 25 expone que "Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y
los servicios sociales necesarios…”
No obstante, en el Programa Venezolano de Educación
Acción en Derechos Humanos (Provea), en su Boletín Internacional sobre la
situación de los derechos humanos en Venezuela, de los meses de julio-agosto
2014 expone que el derecho a la salud en nuestro país está en una situación
extremadamente critica, como consecuencia de las condiciones de precariedad de
la red de salud pública aunado a los altos niveles de desabastecimientos en
medicinas, reactivos, insumos médicos, entre otros.
Asimismo
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo
83 reza que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado,
que lo garantizará como parte del derecho a la vida…” Sin embargo, Provea en su
informe anual expone que de manera generalizada, en el 2013 la población
venezolana fue objeto de severas limitaciones para disponer de garantías
mínimas de atención a sus necesidades de salud, llegando al punto de
comprometer la integridad física y la vida de diversos grupos de personas.
El
presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, afirmó que
“el 97% de los hospitales de todo el país solo registran 2%, 3% o 4% de los
insumos necesarios" y que por el desabastecimiento, las clínicas también
están en una situación crítica y pide al Estado que se declare al país en
emergencia sanitaria y que no minimice la situación.
Con
respecto a este tema la CRBV expone que “… el sistema público nacional de salud dará
prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades,
garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad…”. A pesar de
esta garantía constitucional, León Natera también denunció que han tenido que
amputar en diversas oportunidades a pacientes con traumas físicos por falta de
insumos.
Las opciones
El diario
Correo del Orinoco en una nota publicada el 6 de abril de este año, expone que
“de acuerdo a cifras del año 2013, del Instituto Nacional de Estadística (INE)
el 82,4% de la población es atendido en la red de salud pública y resto de la
población, el 17,6% acude a clínicas privadas”.
Según el
anuario de Provea en Venezuela hay 14.719 establecimientos de salud reportados,
de los cuales aproximadamente 90% pertenece al sector público y el otro 10% al
sector privado. Según la CRBV del año 1.999 en el artículo 84 explica que “para
garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y
gestionará un sistema público nacional de salud…”, pese a esto el mismo informe
anual revela que hace trece años el sistema de salud privado representaba solo
el 6%; esto evidencia el crecimiento de la red de salud privada.
En el
boletín internacional de Provea afirman que el sistema de salud privado ha
soportado un poco el detrimento del sector público, sin embargo los altos
costos de estos servicios y la baja cobertura de los aseguramiento de la
población obliga a la mayoría de las personas a acudir a la red pública de
salud.
Una bomba de tiempo
La misma señora Rosa Della Luna se autodenomina una
farmacia ambulante, se refiere a una cartuchera con muchas pastillas que
abultan su cartera. Antiepilépticos, anticoagulantes, tres tipos diferentes de
medicamentos para la taquicardia están presentes en su “cotillón”.
Cuenta que hace 7 años le practicaron una operación
a corazón abierto y le remplazaron por prótesis mecánicas, la válvula mitral y
aortica, en ese tiempo recibió la ayuda de PDVSA social que pago toda la
operación en una clínica privada en Maracaibo. El Cirujano Cardiovascular que
la operó le anunció que nuevamente tiene problemas con sus válvulas.
Hace seis meses comenzó de nuevo el suplicio de la
señora Rosa que no tiene ningún tipo de póliza de seguro de hospitalización, ni
cirugía. El financiamiento de operaciones de esa envergadura están paralizadas
por Pdvsa, fue al Hospital Militar “Carlos Arvelo” y le dijeron que saliera del
país porque ni en ese hospital, ni en Venezuela hay los insumos; en el Miguel
Pérez Carreño un hospital del Seguro Social en Caracas también le anunciaron
que no hay insumos, pero que puede empezar a tratarse por ahí y así ponerla en
una lista de espera, sin embargo los tramites son muy lentos y burocráticos.
En el informe anual 2013, la ONG Provea manifiesta
que en comparación con el estándar internacional de camas hospitalarias
públicas (3 x 1.000 habitantes), Venezuela presenta un alto déficit, que ha ido
creciendo hasta llegar a 70%. También reveló que según datos de la Oficina
Panamericana de la Salud (OPS), entre los años 2005-2008, la tasa de camas en
Venezuela fue 1,3 x 1.000 habitantes y, entre los años 2009-2011, bajó a 0,9 x
1.000 habitantes. Del total de camas disponibles para el año 2013, solo el 57%
se encontraba en la Salud Pública.
A parte de la poca disponibilidad de camas, según
el boletín internacional por falta de
quirófanos, insumos y médicos los “pacientes” esperan entre siete y ocho meses
para ser operados. La señora Rosa lleva seis meses y ni siquiera ha comenzado
su proceso de espera.
Causas
Según las declaraciones del presidente de la
Federación Farmacéutica de Venezuela y el de la Federación Médica Venezolana,
la causa principal del desabastecimiento en este sector es la poca asignación
de divisas para importar los insumos y la materia prima necesaria, este déficit
se nota porque el 80% de los insumos usados en el país son importados.
Otra de las razones de este problema es la demora
en el pago de los dólares a las compañías internacionales, esto afecta
significativamente la línea de crédito de los proveedores del país. También el
estancamiento general de los precios desde el 2011 (en algunos medicamentos el precio
está congelado desde el 2003) es una de las primeras razones de la escasez.
A parte de todos los problemas de importación en el
anuario de Provea expone que la Contraloría General de la República señaló en
sus informes 2011 y 2012 irregularidades cometidas por funcionarios cubanos y
venezolanos en actividades de importación,almacenamiento y distribución de
medicamentos procedentes del Convenio Cuba-Venezuela sin la debida observancia
de sus fechas de vencimiento. En el 2013 también hubo denuncias de nueve
irregularidades parecidas, que hasta ahora ninguna ha sido aclarada
formalmente.
El Estado venezolano es el encargado y el obligado
jurídicamente a resolver y solucionar los problemas de salud en el país, pues
en la CRBV despliega este deber en su artículo 85 “El financiamiento del
sistema público nacional de salud es obligación del Estado, que integrará los
recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y
cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado
garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos
de la política sanitaria…”
